El Juzgado en lo Correccional Nº4 de San Isidro dispuso recientemente el sobreseimiento para Guillermo Bortolotto, quien había sido denunciado penalmente por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI) por "ejercer el corretaje inmobiliario de manera ilegal".

El fallo, que desestimó la denuncia del Colegio por considerarla "infundada", significa un duro revés para Paula Méndez, ya que la presidenta del CMCPSI viene siendo cuestionada, desde el seno mismo de la institución, por llevar adelante políticas que, en muchos casos, atentan contra los propios colegiados.

La evidencia del sistemático accionar persecutorio que lleva adelante el Colegio de San Isidro contra los profesionales independientes se manifestó en el hecho de que la denuncia penal contra Bortolotto fue motivada porque el acusado trabaja como agente para la red inmobiliaria Keymex. Sin embargo, el Colegio cometió el error de denunciarlo por poner a la venta una propiedad que le pertenecía y Bortolotto no tuvo inconvenientes en demostrarlo ante la Justicia.

En este sentido, el fallo, que lleva la firma del Juez Juan Facundo Ocampo, condena al CMCPSI al pago de los honorarios y gastos de todas las partes del juicio. En la sentencia, el Juez justificó la condena argumentando que el CMCPSI recurrió innecesariamente al Poder Judicial y sostuvo que el problema podría haber sido resuelto a través de gestiones administrativas propias del ámbito colegiado.

Este fallo ejemplificador puso en tensión a la dirigencia del Colegio de Martilleros y Corredores públicos de San Isidro porque sienta un precedente frente a su política persecutoria, propiciada abiertamente por su presidenta Paula Méndez, hacia los martilleros y agentes que eligen los portales y servicios inmobiliarios de ciertas marcas para publicar sus propiedades.

Ahora, además de la condena económica, el Colegio podría enfrentar juicios civiles por daños y perjuicios.

Persecución a los propios

Un grave hecho, que salió a la luz a partir de un simple y habitual trámite de solicitud de matrícula, dejó en evidencia los mecanismos de abuso de poder institucional que se activan ante determinadas situaciones.

La historia comenzó hace unos meses cuando Ana Isabel Gervasoni, martillera radicada en la ciudad de Buenos Aires, solicitó al CMCPSI una matrícula para poder ejercer el corretaje en territorio bonaerense, algo habitual y que así establece la Ley de los martilleros. Sin embargo, cuando el Colegio detectó que Gervasoni contrataba los servicios de RE/MAX, puso en marcha un mecanismo burocrático que dilató absurdamente el otorgamiento de la matrícula.

Además, en este caso, el CMCPSI impulsó una consulta abierta entre sus miembros que determinó objetar la solicitud de matrícula de la interesada dilatando el trámite aún muchos meses más. La consulta dio como resultado una carta documento, firmada por la martillera Susana Beatriz Aravena Villalobo, que basaba su oposición en "el hecho de ser de público y notorio que la postulante a colegiación presuntamente pertenecería a la franquicia RE/MAX EMBLEMA, teniendo la férrea convicción de que las actividades profesionales no se franquician".

Cuando posteriormente RE/MAX citó a Aravena Villalobo a una mediación prejudicial alegando daño reputacional de la marca y fundamentando legalmente que la actividad desarrollada por la empresa no es ilegal, la denunciante aceptó los argumentos y se retractó de su postura.

A partir de esta decisión, el Colegio intentó ocultar el episodio y comenzó una campaña de hostigamiento hacia Aravena Villalobo iniciándole una causa de fiscalización contra la propia asociada que perjudicó enormemente su trabajo cotidiano.
Sin embargo, hay un hecho aún más grave que implica al Colegio. De acuerdo con los testimonios de la audiencia de mediación prejudicial, Aravena Villalobo dio a entender que no recordaba haber firmado puntualmente la nota que objetaba la solicitud de matriculación. La institución que preside Paula Méndez nunca dio explicaciones por este hecho.

Martilleros exigen un nuevo rumbo

Además de los anteriormente mencionados, hay otro caso que hizo que los propios miembros del CMCPSI se manifestaran abiertamente contra la dirigencia. En este caso fue a través de un comunicado de Martilleros Agrupados, un colectivo de profesionales que, sin ser opositores, exigen a la dirigencia un cambio de rumbo en sus políticas.

Dicho comunicado hace referencia al Decreto Nº 1290, firmado por el Intendente de San isidro Gustavo Posse, que obliga a todas las inmobiliarias a cambiar los carteles de venta/alquiler que se exhiben en las calles del distrito. La medida, impulsada con el aval de Paula Méndez, buscaba obstaculizar la operatoria de las franquicias en las localidades sanisidrenses, pero no tuvo en cuenta que también afectaría a todas las inmobiliarias del partido, incluso a las de los martilleros asociados al Colegio.