La empresa SCC Power presentó ante el Juzgado Federal de Campana un pedido para modificar la medida cautelar que restringe el funcionamiento de la central termoeléctrica Matheu III, ubicada sobre la Ruta 25, en el límite entre Pilar y Escobar. Solicitó permiso para operar dos turbinas entre las 9 y las 21 horas durante seis meses, a partir del 1° de noviembre, con posibilidad de ampliar ese horario en casos excepcionales si CAMMESA lo requiere para garantizar el suministro eléctrico.

En su presentación, la compañía fundamentó la solicitud en la “emergencia en el sector eléctrico” y en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan temperaturas más altas de lo normal para el último trimestre del año. Además, destacó que la planta ocupa un “nodo estratégico” dentro del sistema energético del Gran Buenos Aires, al abastecer zonas densamente pobladas como Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

SCC Power recordó que la central ya había operado de forma temporal entre diciembre de 2024 y junio de 2025, “sin registrar inconvenientes ni incumplimientos técnicos”, según los criterios de CAMMESA.

El nuevo pedido despertó un rechazo inmediato en la comunidad, especialmente en la organización 1810 Vecinos Unidos por Pilar, que desde hace ocho años exige el traslado definitivo de las termoeléctricas de la zona. “Nos mintieron otra vez. Estas plantas deben irse definitivamente. Dijeron que la prórroga de 2024 sería la última, pero vuelven a pedir autorización con la excusa de una supuesta emergencia energética”, expresaron en un comunicado.

El grupo vecinal advirtió que las plantas están ubicadas “a metros de barrios residenciales y escuelas” y reclamó al juez federal Adrián González Charvay que haga cumplir la ley. “La emergencia no puede ser excusa para poner en riesgo la salud y el ambiente de miles de familias”, señalaron.

En marzo, la empresa había anunciado el inicio del desmantelamiento de Matheu III, tras años de oposición vecinal y decisiones judiciales. El proceso de retiro debía comenzar entre septiembre y octubre e incluir tres etapas: la remoción del sistema de combustible líquido, el retiro de turbinas y la readecuación del predio.

Desde su instalación en 2017, la central termoeléctrica fue cuestionada por vecinos y autoridades locales. En 2022, la otra planta de la zona, operada por APR Energy, cesó definitivamente sus actividades. El nuevo pedido de funcionamiento parcial vuelve a reavivar el conflicto ambiental en Villa Rosa, donde los habitantes insisten en que el cierre definitivo es la única solución posible.