La Provincia de Buenos Aires avanzó con un operativo para trasladar carpinchos que habitan en Nordelta, el complejo urbanístico del partido de Tigre, en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y vecinos que denunciaron el incumplimiento de una cautelar judicial.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Flora y Fauna, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario, que ingresó al barrio privado con jaulas para capturar a los animales y reubicarlos en una futura reserva privada.

Un operativo que desató protestas y denuncias judiciales

La intervención oficial motivó la autoconvocatoria de grupos ambientalistas y residentes de Nordelta, que permanecieron desde la madrugada del pasado domingo en uno de los accesos principales al emprendimiento para impedir el traslado de los roedores.

Desde las organizaciones señalaron que rige una medida cautelar de Cámara que prohíbe el movimiento de los ejemplares y que, además, existe una apelación en trámite. Aun así, indicaron que la Justicia habilitó el avance de los procedimientos.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta y, en lugar de protegerlos, colocaron jaulas trampas para arrancarlos de su hogar”, expresaron desde la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz, que calificó la acción como una violación a la normativa vigente.

El plan oficial y la situación en Nordelta

Según explicaron desde la administración del barrio privado, el operativo formó parte de una “prueba piloto” que contempló el traslado de doce carpinchos, machos y hembras sin crías, pertenecientes a una familia de alrededor de 30 ejemplares.

Las autoridades señalaron que en Nordelta habitan cerca de 900 carpinchos y que la reubicación apuntó a una zona específica donde se registraron más atropellamientos, debido a que los animales cruzaron con frecuencia la arteria principal del barrio.

El destino previsto para los ejemplares fue una futura reserva privada que funcionaría en el partido de San Fernando, aunque desde las ONG advirtieron que el lugar aún no contaba con las condiciones necesarias ni con la información pública correspondiente.

La controversia volvió a poner en discusión el impacto ambiental del desarrollo urbano sobre los humedales y la convivencia entre la fauna silvestre y los emprendimientos inmobiliarios, un debate que sumó tensión judicial y social en uno de los barrios más emblemáticos del norte bonaerense.