Luego de un 2025 en que se debatió la desregulación inmobiliaria, el sector sigue poniendo en tela de juicio a los Colegios de Corredores y Martilleros. Cada vez son más las voces que advierten sobre las trabas que suponen esas instituciones para el desarrollo de la actividad, así como los manejos espurios que han sido denunciados respecto de varios Colegios y muchos dirigentes.

En los últimos meses, diferentes protagonistas de la industria han señalado el monopolio que ejercen las instituciones a través de la obligatoriedad de la colegiación y de la matriculación. Además de tener que estudiar tres años o más en universidades privadas, los requisitos que los nuevos profesionales deben cumplir para insertarse en el mercado –entre otros, certificados habilitantes, avales profesionales de otros colegiados, certificados de colegiación, etc– resultan verdaderos obstáculos.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, llegó a exigirse a cada nuevo corredor o martillero presentar dos cartas de matriculados con 10 años de antigüedad que avalen al recién recibido. La normativa, asimismo, se utilizó de manera discrecional, como denunciaron múltiples corredores. El ingreso al mercado depende, en buena medida, del visto bueno o la oposición de los Consejos Directivos, que han demostrado ser más que parciales en diferentes distritos.

Además, esas entidades exigen que los profesionales sólo tengan una inmobiliaria, les prohíben vender a más de 25 kilómetros de su local y les impiden tener colaboradores bajo la figura del contrato de agencia (art. 1479 del Código Civil y Comercial).

Otro de los puntos negativos alrededor de los Colegios está vinculado con una de las aseveraciones que esgrimen los dirigentes sobre que “la actividad profesional es personal e indelegable”. Sin embargo, los debates más recientes han destacado el hecho de que el corretaje, por definición, es una actividad comercial y no una profesión.

Esa cuestión viene estando sobre el tapete desde hace años, alrededor de la denominada “guerra contra las franquicias” en la que se han embarcado los presidentes de Colegios profesionales. Los matriculados han advertido que ese foco ha supuesto una erogación millonaria de dinero de parte de las instituciones en batallas judiciales que, en la gran mayoría de los casos, han resultado en reveses para los Colegios.

Esa lucha contra modelos de negocio alternativos no sólo implicó gastos millonarios para los Colegios, sino que también tuvo un impacto negativo en el día a día de los matriculados, ya que “ese dinero no estuvo puesto al servicio de la innovación tecnológica y la capacitación que demandan estos tiempos”, tal como señaló un corredor inmobiliario.

En la misma línea, los Colegios vienen siendo fuertemente criticados por la escasa renovación de autoridades y la perpetuación de figuras o grupos de poder en las dirigencias. Muchos Colegios de la provincia de Buenos Aires han sido conducidos por la misma persona por más de 20 años. “El mercado inmobiliario sufre desde hace décadas las regulaciones existentes, tendiente al monopolio y la acumulación de poder de un puñado de personas”, afirmó un analista.

A su vez, el rol de las instituciones está en crisis por la probada influencia que los Colegios de Corredores y Martilleros vienen ejerciendo sobre diversos municipios para que dicten ordenanzas en contra de nuevos modelos de negocio más competitivos. 

Las polémicas alrededor de diversas maniobras poco transparentes –así como la persecución y el hostigamiento hacia corredores que deciden trabajar con empresas que brindan servicios complementarios– han exacerbado el hartazgo de los profesionales y los Colegios parecen arrancar el 2026 con muchas renovaciones por encarar.