La Justicia federal avanzó en la investigación por el viaje en avión privado que realizó el vocero presidencial Manuel Adorni a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval, con un allanamiento en el aeropuerto de San Fernando.

El procedimiento fue ordenado por el juez Ariel Lijo y tuvo como foco a la empresa Alpha Centauri S.A., señalada como la firma que habría organizado el vuelo. Durante el operativo, se secuestró documentación clave, como registros de vuelos, contratos, facturación y listados de clientes.

Qué investiga la Justicia

La causa busca determinar cómo se contrató el servicio y quién pagó el traslado, en un contexto donde surgen dudas sobre el financiamiento del viaje.

Una de las hipótesis bajo análisis es que el vuelo habría sido abonado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien mantiene cercanía con el funcionario.

En ese marco, también se dispuso el levantamiento del secreto bancario de Grandio para analizar sus movimientos financieros y detectar posibles vínculos con contrataciones estatales.

Posibles delitos y dudas

Los investigadores evalúan si el caso podría encuadrarse en figuras como dádivas o enriquecimiento ilícito, en caso de comprobarse que un tercero financió el viaje de un funcionario público.

Uno de los puntos que genera interrogantes es el vuelo de regreso desde Uruguay, sobre el cual existen versiones contradictorias respecto a quién cubrió los gastos.

La postura de Adorni

Por su parte, Adorni aseguró que el viaje fue pagado con fondos propios y sostuvo que “no tiene nada que esconder”, aunque evitó brindar más detalles debido a la investigación en curso.

La causa continúa abierta y no se descarta que se amplíe para analizar si existieron otros vuelos en condiciones similares, lo que podría sumar nuevos elementos al expediente.