La Justicia de San Isidro dictó una medida cautelar que marca un nuevo capítulo en la disputa entre los carpinchos y el barrio privado Nordelta. El fallo ordena detener de manera inmediata todas las obras que puedan dañar los humedales y el hábitat natural de esta especie, al tiempo que prohíbe la aplicación de castración química como método de control poblacional.
La resolución fue emitida por el juez Guillermo Ottaviano, del Juzgado en lo Civil y Comercial N°13, en el marco de una acción presentada por la Asociación Civil “Callejero Casa Quiere”. La medida busca resguardar el ecosistema del delta del Paraná y preservar la fauna silvestre.
El magistrado dispuso que la empresa Nordelta S.A. deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención que modifique o destruya el entorno natural hasta tanto se apruebe un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que contemple los efectos de las urbanizaciones y fumigaciones en la zona.
Ottaviano también prohibió expresamente las fumigaciones que afecten los humedales y señaló que las acciones de la empresa —como cercos eléctricos, construcciones y tablestacados— generaron una alteración irreversible del ambiente y la muerte de ejemplares de carpinchos.
La organización ambientalista “La voz de los carpinchos” denunció que en los últimos meses murieron al menos 46 animales por desmontes y atropellos. Su representante, Silvia Soto, calificó la decisión judicial como “histórica” y advirtió que “recién comienza una nueva etapa de control y seguimiento”.
Según explicó, los humedales cumplen un rol esencial en la regulación hídrica y en la conservación de los acuíferos. “Los carpinchos son el símbolo visible de una lucha más profunda: la defensa del ecosistema frente a un modelo de urbanización que lo pone en riesgo”, remarcó.