SAN ISIDRO | 17 SEP 2026
INVESTIGACIóN JUDICIAL
José Luis Caro: la denuncia por un supuesto empleado fantasma en San Isidro
Murió tras un accidente y su familia descubrió que seguía registrado como trabajador activo. La Justicia deberá determinar qué ocurrió.
José Luis Caro, un joven que murió el 8 de diciembre de 2024 tras un accidente en la vía pública en San Miguel, habría continuado registrado como trabajador activo de la Municipalidad de San Isidro, según denunció su familia. El dato abrió una investigación para determinar si existió un error administrativo o una maniobra irregular.
La denuncia fue presentada por Olga Rafaelli, madre de Caro, después de que su pareja, Yamila Benítez, intentara acceder a un beneficio social. La respuesta que recibió en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encendió la alarma: el fallecido figuraba con un empleo formal y percibía haberes.
La denuncia que puso el caso bajo la lupa
Benítez cobraba una asignación familiar, pero perdió ese beneficio porque, según la documentación que recibió, su pareja aparecía “trabajando en blanco” para la Municipalidad de San Isidro durante la administración de Ramos Lanús.
Ante esa situación, la mujer concurrió a ANSES Hurlingham. Allí, siempre de acuerdo con lo denunciado, le informaron que Caro continuaba inscripto como trabajador activo y que la relación laboral correspondía a la comuna de San Isidro.
El dato resultó todavía más desconcertante para sus familiares porque, según Rafaelli, su hijo jamás había trabajado en el distrito ni había formado parte de una repartición estatal. La madre sostuvo que se ganaba la vida de manera independiente como proveedor de teléfonos celulares.
“Nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública”, afirmó Rafaelli, según consta en la denuncia. Esa declaración quedó enfrentada con los registros previsionales que ubicaban al joven dentro de la estructura municipal.
Las preguntas sobre el supuesto empleo municipal
La documentación entregada por el organismo previsional fue incorporada a las actuaciones y podría resultar determinante para reconstruir el origen de la registración. La Justicia deberá establecer quién realizó el alta, qué legajo se utilizó y durante cuánto tiempo permaneció vigente.
También deberá determinarse si existieron recibos de sueldo, aportes, liquidaciones o transferencias asociadas a esa presunta relación laboral. En caso de que haya habido pagos, otro interrogante será conocer a qué cuenta fueron enviados y quién tuvo acceso a esos fondos.
El episodio sumó un capítulo inesperado a la investigación iniciada tras la muerte de Caro. Aquel expediente había quedado bajo intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín, a raíz del accidente ocurrido en la vía pública.
Ahora, el foco también quedó puesto sobre los registros laborales de la comuna. La aparición de un fallecido como supuesto trabajador activo abrió una serie de interrogantes que excedieron la situación particular de su familia y alcanzaron los mecanismos de administración de personal.
Qué deberá determinar la Justicia
La presentación apunta a establecer si se trató de una equivocación administrativa, una negligencia dentro de la estructura municipal o una conducta ilícita vinculada con la eventual contratación y liquidación de haberes.
La permanencia del registro después del fallecimiento constituye otro de los puntos que deberán ser aclarados. Caro murió el 8 de diciembre de 2024, mientras que su familia descubrió posteriormente que la relación laboral figuraba activa en los registros consultados.
Los documentos podrían permitir seguir el rastro de la supuesta contratación y de cualquier movimiento económico relacionado. Altas laborales, recibos, aportes y transferencias podrían aportar las piezas necesarias para reconstruir cómo apareció el nombre del joven en la nómina.
Por ahora, la denuncia expuso una contradicción difícil de pasar por alto: un joven fallecido que, según su familia, nunca trabajó para el Estado habría permanecido registrado como empleado municipal. La respuesta sobre quién lo incorporó, por qué motivo y qué ocurrió con los eventuales haberes quedó en manos de la investigación judicial.
