Un nuevo escándalo sacude al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI). El episodio, que salió a la luz a partir de un trámite de solicitud de matrícula, dejó en evidencia los mecanismos de abuso de poder institucional que se activan ante determinadas situaciones.

La historia comenzó hace unos meses cuando una martillera, matriculada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó al CMCPSI una matrícula para poder ejercer el corretaje en territorio bonaerense. Dicho trámite se realiza de manera habitual y así lo establece la Ley de los martilleros, de manera recíproca, para los profesionales inmobiliarios de ambas jurisdicciones.

A partir de que el CMCPSI detecta que la solicitud de la matrícula recibida corresponde a una profesional que trabaja contratando servicios complementarios a una franquicia, comienza una operación de desgaste y hostigamiento. Así, el Colegio propició una consulta abierta entre sus colegiados para conocer si alguien tenía una objeción para hacer al respecto, dilatando el trámite.

Finalmente, la objeción apareció firmada por la martillera Susana Beatriz Aravena Villalobo, que basaba su oposición, según la nota presentada, en "el hecho de ser de público y notorio que la postulante a colegiación presuntamente pertenecería a la franquicia RE/MAX EMBLEMA, teniendo la férrea convicción de que las actividades profesionales no se franquician".

El rumbo que estaba tomando la situación impulsó la intervención de RE/MAX que citó a la martillera Aravena Villalobo a una mediación prejudicial por daño reputacional de la marca y fundamentando legalmente que la actividad desarrollada por la empresa no es ilegal.

La persecución interna a los martilleros

Sin embargo, el hecho más grave que implica al Colegio, según el testimonio dado por Aravena Villalobo en la audiencia de mediación prejudicial, es que dio a entender que no recordaba haber firmado puntualmente la nota que objetaba la solicitud de matriculación. Por eso, aceptó los argumentos de RE/MAX y se desdijo de la objeción realizada, dando por finalizada la obstrucción al trámite. Pero el hecho de que el Colegio manipule a los matriculados, haciéndole firmar objeciones que desconocen, puso en alerta a varios martilleros que, de buena fe, dejaron su firma en diversas planillas “institucionales”, a pedido de la organización colegial.

A partir de que Aravena Villalobo se retracta de su posición, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro comienza una persecución contra ella. El CMCPSI no sólo intentó ocultar este episodio, sino que, además, inició una causa de fiscalización contra su propia matriculada.

Este procedimiento consiste en que la martillera debe demostrar ante el Colegio que cumple con todas los requisitos y las exigencias legales que necesita para desarrollar su trabajo. Esta situación, además de generarle gran incomodidad personal, sobre todo le quita tiempo de trabajo y recursos económicos al tener que afrontar el pago de abogados para defenderse, sin hablar del riesgo de que le pudiesen quitar la matrícula con todos los problemas e inconvenientes que dicha situación le acarrearía.

La posición en que quedó Aravena Villalobo es todavía más compleja porque en caso de que ella quisiera aclarar esa situación debiera recurrir al Tribunal de Disciplina del Colegio para que investigue a la propia institución. Por supuesto esto no ocurrió debido a que el Tribunal es parte de la lista político institucional que llevó a Paula Méndez a la presidencia.

Sospechas y temor

A raíz de la causa contra Aravena Villalobo que el CMCPSI intentó ocultar, cada vez son más los matriculados que comienzan a contar lo que han vivido o saben, por tener algún tipo de participación en el Colegio.

Si bien ya es de público conocimiento que los Colegios sumaron, además de a las franquicias, a ZonaProp, Argenprop, Mercado Libre Propiedades y Mudafy a su lista de enemigos con el objetivo de correrlos del mercado. Para combatirlos, lanzaron Liderprop, un portal de búsqueda impulsado por el CMCPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

El secreto a voces es que las dirigencias esperan que los martilleros de la provincia se sumen a la nueva herramienta y abandones masivamente el buscador líder del mercado. Paula Méndez es quien lidera esta iniciativa y, también, propone aplicar sanciones a los colegiados que se nieguen a dejar a las tradicionales plataformas para sumarse a la impulsadas por los Colegios.

La batalla a la que se enfrenta por estos días la martillera Aravena Villalobo hace que algunos colegiados en San Isidro auguren un éxodo de martilleros hacia otras jurisdicciones, libres de hostigamiento. No obstante, el futuro que pueda empezar a configurarse a partir de ahora, es mucho más preocupante para las inmobiliarias pequeñas y unipersonales, que son las más susceptibles de aprietes y persecución por parte de las dirigencias.