

La institución que preside Paula Méndez sumó una nueva derrota judicial. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI) apeló un fallo del Juzgado en lo Correccional Nº6 que había dictado una sentencia absolutoria para la corredora inmobiliaria Ana Isabel Gervasoni en el caso que la tenía como acusada por "ejercicio ilegal de la profesión".
Sin embargo, un reciente fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la sentencia absolutoria para Gervasoni. Los jueces intervinientes basaron su veredicto teniendo en cuenta que el CMCPSI "no aportó pruebas suficientes" y "no pudo acreditar el hecho denunciado".
El CMCPSI acusó a Gervasoni de "ejercer un acto de corretaje no autorizado" a partir de un aviso publicitario publicado en Zonaprop. Una captura de pantalla de dicho aviso -que fue presentada como prueba por el equipo jurídico de Paula Méndez- mostraba un cartel de RE/MAX Emblema donde figuraban los datos de la acusada y de su colega Santiago Luis Gerez.
Durante el juicio quedó claro que, efectivamente, Gervasoni y Gerez comparten oficina y que ambos contratan los servicios inmobiliarios complementarios de la red RE/MAX. La Justicia también constató que los profesionales están debidamente matriculados en las jurisdicciones correspondientes -Gervasoni (CPI 7927) en C.A.B.A. y Gerez (CMCPSI 6577) en San Isidro- y que los dos cumplen con todos los requisitos que exige la ley para ejercer el corretaje inmobiliario.
Durante el juicio, la defensa dijo que en la causa "no hay un solo elemento probatorio" que permita sostener que su defendida haya incurrido en una acción de corretaje no autorizado. Por su parte, Gervasoni declaró que la acusación en su contra es "infundada, injusta y ridícula" y que le ocasiona "un perjuicio económico y de tiempo" siendo que ella nunca cometió una falta y nunca ejerció el corretaje en la Provincia de Buenos Aires.
En efecto, lo que ratifica la sentencia absolutoria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal es que, si bien Gervasoni y Gerez comparten la oficina de RE/MAX Emblema (no hay delito en esto) y sus datos figuran en los carteles publicitarios (como lo exige la ley), quedó claro que ambos profesionales ejercen el corretaje inmobiliario en sus jurisdicciones correspondientes, de manera independiente y debidamente matriculados.
Lo que le ocurrió a Ana Isabel Gervasoni es una situación frecuente que padecen los martilleros y corredores que contratan los servicios inmobiliarios de las distintas marcas de franquicias que operan en el país, en especial, como es su caso, con aquellos que eligen a RE/MAX.
En febrero de 2022, Gervasoni, corredora radicada en la ciudad de Buenos Aires, solicitó al CMCPSI una matrícula para poder ejercer el corretaje en territorio bonaerense. Dicho trámite se realiza de manera habitual y así lo establece la ley de los martilleros, de manera recíproca, para los profesionales inmobiliarios de ambas jurisdicciones.
Sin embargo, a partir de que la institución que preside Paula Méndez detectó que Gervasoni operaba con RE/MAX comenzó una operación de desgaste y hostigamiento. Esta maniobra tiene como objetivo demorar la entrega de la matrícula el mayor tiempo posible y consiste en poner en marcha un sistema de trabas burocráticas que puede prolongarse indefinidamente el en tiempo.
Este fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro significa un duro revés para la gestión de Paula Méndez. La dirigente viene siendo cuestionada desde el propio seno del Colegio por las políticas persecutorias que lleva adelante y esta nueva derrota judicial no favorece su intención de ser reelegida en las elecciones que tendrán lugar en pocos meses.