A casi dos meses del pedido de explicaciones que recibió de un grupo de corredores inmobiliarios, el municipio de San Martín continúa sin dar respuestas sobre un dudoso operativo de control en el que se infraccionaron carteles inmobiliarios que estaban en la vía pública. 

A finales de mayo pasado y luego de la polémica desatada tras la aparición de diversos carteles de publicidad inmobiliaria tapados por fajas con la leyenda “cartel en infracción”, un grupo de corredores inmobiliarios de esa localidad presentaron una nota en la que denunciaron el accionar ilegal de funcionarios municipales.

Además de referirse a los graves perjuicios económicos que las fajas generaron, los corredores inmobiliarios de la zona pidieron que el gobierno municipal intervenga para que “funcionarios a su cargo se abstengan de realizar nuevas acciones como estas que resultan ilegales, difamatorias y lesionan abiertamente derechos”.

Las fajas del operativo de control trucho tenían impreso el logo y el nombre del Municipio de San Martín y destacaban el área de “Gobierno y Seguridad”. Dirigida al intendente Fernando Moreira, la carta de los corredores inmobiliarios ponía el foco en esa maniobra dudosa adjudicada al Colegio de Martilleros de San Martín, institución que lidera José María Sacco. 

De hecho, luego de que desde el municipio, de manera extraoficial, negaran haber llevado adelante ese operativo, se agigantaron las sospechas que hablaban de una posible acción ilegal del Colegio que dirige Sacco desde hace casi 20 años. 

En ese sentido, a poco de cumplirse dos meses del pedido de explicaciones, la ausencia de respuestas formales pone al descubierto la enorme tensión entre el gobierno municipal y el Colegio a cargo de Sacco. La pulseada busca definir quién se hace cargo del operativo ilegal.

El episodio y la polémica que generó resulta un ingrediente más en la enorme olla a presión que es por estos meses la municipalidad de San Martín. El 21 de mayo pasado, luego de que la Policía Federal allanara la sede municipal y le prohibiera al intendente Moreira salir del país, el fiscal federal de San Martín Paul Starc volvió a solicitar la detención del intendente de ese municipio.

Tal como advierten diversos analistas, el operativo “fantasma” que habría llevado adelante el Colegio de Martilleros de San Martín parece alinearse con los “empleados fantasma” que la Justicia investiga en esa jurisdicción. La causa que investiga presuntas irregularidades en la designación de empleados del Municipio y del Consejo Deliberante tiene a Moreira y a otros cinco funcionarios imputados por el presunto delito de “defraudación en perjuicio de una administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público”.

La trama tiene puntos de contacto con el escándalo de las tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense que usufructuaba el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau. Durante los allanamientos en la municipalidad de San Martín, se recolectó información sobre los empleados reales y se corroboró quiénes cobraban dinero y supuestamente no trabajaban en el municipio. Se descubrió que al menos una decena de personas habían sido designadas en un mismo decreto.

La gravedad institucional no hace más que ahondarse ahora con un nuevo frente de conflicto que tiene, una vez más, al Colegio de Martilleros de San Martín entre los protagonistas.