En las últimas horas, la Cámara Federal de San Martín emitió un nuevo fallo a favor de la creación de la Universidad Nacional de Pilar, al rechazar un recurso extraordinario presentado por el gobierno nacional. A la espera de que el gobierno de Javier Milei asigne fondos para su desarrollo, el Municipio había anunciado días atrás la construcción del edificio de la universidad.

En su resolución, el tribunal ratificó la inconstitucionalidad de una resolución del Gobierno que había puesto en revisión la creación de la Universidad Nacional de Pilar, junto a las de Ezeiza y Delta en la provincia de Buenos Aires, Río Tercero en Córdoba y Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Según la Cámara, el recurso extraordinario presentado por el gobierno carecía de "fundamentos federales suficientes", no planteaba "un agravio constitucional" y no comprometía "instituciones básicas de la Nación", requisitos necesarios para habilitar la instancia judicial. Por este motivo, desestimaron el planteo de "gravedad institucional" que había argumentado el Ministerio de Capital Humano, ya que no existía un interés que trascendiera a las partes involucradas.

Este es el tercer fallo a favor de la creación de la Universidad Nacional de Pilar, luego de que la institución recurriera a la Justicia Federal para defender su puesta en marcha. Anteriormente, tanto la Sala I de la Cámara Federal de San Martín como un fallo de primera instancia ya habían fallado en favor de la universidad.

El 16 de octubre pasado, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández ratificaron la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había respaldado el planteo realizado por la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wagner. En esa sentencia, los magistrados subrayaron que "las universidades nacionales solo pueden ser creadas por ley y su cese debe ser dispuesto también por ley, previo informe del Consejo Interuniversitario Nacional". Asimismo, indicaron que la decisión del Ministerio de Capital Humano "implicaría una injerencia del Poder Ejecutivo en facultades reservadas a otros poderes del Estado".

Finalmente, los jueces también recordaron que el derecho constitucional de enseñar y aprender, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, se encuentra regulado por la ley 26.206, que establece que "la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado".