La coparticipación que la provincia de Buenos Aires distribuye entre los municipios registró una caída del 12% en términos reales durante el primer bimestre del año, según un informe de la consultora PPA. En ese período, las transferencias totales se redujeron en $14.820 millones, lo que impacta de lleno en las finanzas locales.

El análisis se centra en la coparticipación bruta, que representa el 16,14% de los recursos provinciales que se giran automáticamente a los distritos antes de aplicar deducciones destinadas a organismos como el IPS o IOMA. De acuerdo al estudio, la baja de estos fondos fue el principal factor detrás del retroceso general.

Además de la caída, el informe advierte un cambio en la estructura de las transferencias: disminuyen los recursos de libre disponibilidad mientras crecen aquellos con asignación específica. En concreto, la coparticipación bruta cayó en $94.963 millones, mientras que el Fondo de Financiamiento Educativo aumentó en $80.005 millones, lo que reduce el margen de decisión de los gobiernos locales sobre el uso de los fondos.

Este escenario genera preocupación entre los intendentes, ya que implica una pérdida de autonomía financiera. En esa línea, desde el Foro de Intendentes de la UCR solicitaron que el Fondo de Fortalecimiento Municipal pase a ser de libre disponibilidad, ya que actualmente solo el 70% puede utilizarse sin restricciones.

Pese al panorama general negativo, el informe señala que 53 municipios lograron incrementar sus ingresos totales gracias a otros mecanismos de transferencia. Entre los que registraron mayores subas aparecen Carmen de Areco (14,5%), Lobos (10,1%), General Rodríguez (9,8%), Chacabuco (8,7%) y Monte (8,5%).

En contrapartida, varios distritos sufrieron caídas significativas. Los casos más destacados son San Isidro (-11,7%), Pinamar (-10,8%), Vicente López (-10,2%), Villa Gesell (-9,2%) y Malvinas Argentinas (-9%), entre otros.

Según el estudio, incluso aquellos municipios que mejoraron su coeficiente de reparto en 2026 no lograron compensar la baja general de la masa coparticipable, lo que refleja la magnitud del deterioro en los recursos que reciben las comunas.