El conflicto laboral que atraviesa la empresa Lustramax, ubicada en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, sumó nuevos capítulos judiciales y políticos. Trabajadores de la firma denunciaron a la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quien además se desempeña como representante legal de la compañía, por presunta desobediencia judicial y persecución sindical.
La disputa se originó a partir de una serie de despidos que los trabajadores consideran vinculados a una estrategia para debilitar la organización gremial dentro de la planta. En ese marco, los operarios avanzaron con una presentación penal contra Arietto y promovieron distintas acciones para denunciar lo que califican como una vulneración de derechos laborales.
Al conflicto se sumó una presentación realizada por la asociación civil Nace un Derecho ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
La entidad cuestionó publicaciones realizadas por Arietto en redes sociales en las que se refiere a los abogados laboralistas como una “mafia”, expresiones que, según sostienen, resultan incompatibles con el ejercicio profesional de la abogacía.
Uno de los principales puntos del conflicto está relacionado con el caso de Leandro Gómez, delegado gremial de la empresa.
Según denuncian los trabajadores, Lustramax incumplió las conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, el Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar ordenó la reincorporación inmediata del delegado, medida que, de acuerdo con la denuncia, tampoco fue acatada.
Los operarios sostienen que Arietto se presentó en los accesos de la planta para impedir el ingreso de Gómez pese a la existencia de resoluciones favorables al trabajador. Además, cuestionan que haya intervenido simultáneamente como senadora provincial y como abogada de la empresa.
Los trabajadores también manifestaron su preocupación por la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en los accesos a la fábrica durante algunos momentos del conflicto.
Según indicaron, el despliegue tuvo un carácter intimidatorio y, de acuerdo con su versión, no habría contado con una orden específica de la fiscalía interviniente.
En declaraciones difundidas por el portal Mundo Gremial, Gómez aseguró que actualmente cuenta con tres fallos favorables y pedidos de sanciones económicas por el incumplimiento de las resoluciones judiciales.
“Hoy tengo tres fallos favorables y pedidos de astreintes por el incumplimiento de la empresa. No existe ninguna razón legal para impedir mi ingreso”, sostuvo el delegado.
Gómez también afirmó que las denuncias penales impulsadas por la empresa contra los trabajadores no prosperaron porque la Justicia consideró que se trataba de un conflicto estrictamente laboral.
“La Justicia dejó claro que no podían revertir por la vía penal lo que ya había sido resuelto en el fuero laboral”, expresó.
Mientras tanto, los empleados continúan desarrollando actividades de difusión y búsqueda de apoyos. En las últimas semanas participaron de encuentros en universidades, acompañaron reclamos sindicales y llevaron sus planteos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
“Seguimos recorriendo distintos espacios para contar lo que está pasando y sumar apoyos. Somos cuatro compañeros que estamos peleando por nuestros derechos y por recuperar nuestros puestos de trabajo”, concluyó Gómez.