La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este miércoles 21 de octubre, a las 17, una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos, en Vicente López, en rechazo al régimen de retiros voluntarios aprobado por el Gobierno nacional. La protesta se organizó bajo la consigna "no se aguanta más" e incluyó además reclamos por la pérdida del poder adquisitivo, los despidos y el cierre de organismos públicos.

La jornada comenzó al mediodía, cuando los trabajadores dejaron sus puestos de trabajo, según había anunciado el gremio. La concentración quedó fijada en la sede regional de ATE, en avenida Maipú 2718, en Olivos, desde donde los manifestantes iban a marchar unas seis cuadras hasta los accesos de la residencia presidencial.

La protesta coincidió con la agenda del presidente Javier Milei en Madrid, donde cumplía actividades oficiales con regreso previsto para la noche de este miércoles.

Un decreto con más de 20 mil alcanzados

La convocatoria se produjo luego de que el Ejecutivo oficializara, mediante el Decreto 1203/2026 publicado el lunes 19 en el Boletín Oficial, un nuevo sistema de retiros para trabajadores de la Administración Pública Nacional. La norma lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según datos difundidos por ATE, la medida alcanza a 21.187 empleados estatales. Sturzenegger, por su parte, estimó en unos 20 mil los trabajadores que podrán acogerse al programa,.

"Despido extorsivo"

Desde ATE cuestionaron las condiciones en las que se ofrece la salida de la administración pública y denunciaron que los trabajadores reciben presiones para aceptar el retiro. "No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social", sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La decisión de protestar frente a la residencia presidencial respondió, según explicó el dirigente, a la intención de llevar el reclamo al lugar desde donde, a su entender, se toman las decisiones del Gobierno. «La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar», expresó.

Aguiar también puso en duda el carácter voluntario del régimen: «Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre».

Qué establece el decreto

El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a quienes tienen contrato por tiempo indeterminado en los organismos de la administración centralizada. Quedaron excluidos, entre otros, las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, los organismos descentralizados como la ANSES y el personal transitorio.

La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con una prórroga posible de hasta 30 días. Cada jurisdicción tendrá luego 40 días corridos para resolver las solicitudes, y si no hay aceptación expresa en ese plazo, el pedido se considerará rechazado. Las compensaciones varían según edad, aportes y antigüedad: en el caso de los trabajadores más jóvenes, se prevé un salario por año trabajado, con un tope de 20, más entre cuatro y cinco remuneraciones adicionales.

Uno de los puntos más cuestionados por ATE es que quienes adhieran no podrán regresar al Sector Público Nacional durante ocho años, con excepción de los cargos docentes en universidades nacionales. Además, el decreto ordena eliminar los cargos presupuestarios de quienes se retiren, por lo que esas vacantes no podrán volver a cubrirse.

Delegados y financiamiento

Otra de las condiciones objetadas por el gremio afecta a quienes ejercen funciones de representación sindical. De acuerdo con el régimen, los delegados con mandato vigente y quienes sean candidatos deberán presentar la renuncia a esa condición junto con la solicitud de retiro, sujeta a que este sea aceptado.

ATE también denunció que el Gobierno se endeudó para pagar los retiros. El gremio vinculó el programa con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$300 millones, primer tramo de una línea de hasta US$800 millones aprobada en octubre. Según la información oficial difundida sobre ese crédito, el programa tiene como objetivo modernizar la administración del personal estatal y las herramientas de gestión pública. El decreto de retiros, en tanto, establece que el gasto se atenderá con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción.

Los otros reclamos

Además de rechazar el régimen de retiros, ATE anunció que la movilización buscaría visibilizar otros conflictos de los trabajadores estatales: la caída del salario real, las paritarias por debajo de la inflación y el deterioro de los ingresos, que según el sindicato provocan un aumento del pluriempleo y del endeudamiento. También se incluyeron los despidos, la falta de renovación de contratos, la reducción de puestos de planta permanente, la desvalorización de la carrera administrativa y las denuncias por el cierre y vaciamiento de organismos públicos.